Análisis y conceptos de la protesta social violenta y la represión del Estado

Análisis y conceptos de la protesta social violenta y la represión del Estado

Celia R. M.

Máster en Problemas sociales.

El Descontento en las sociedades complejas.

Nota: 7/10

Índice

1.    Introducción …………………………………………………………………...Pág. 3

2.    Evolución de la represión: métodos y cambios…………………………..Pág.4-6

3.    La dimensión cultural en la legitimidad de la violencia….……………….Pág.7-8

4.    Aspectos de la violencia y vínculos con la temporalidad……..………....Pág.9-10

5.    Un ejemplo de acontecimiento transformador (Sewell)………………….Pág.11-12

6.    Dilema del Orden Público en el caso de Tombogrande………………….Pág. 13-15

7.    Conclusiones………………………………………………………………….Pág. 16-17

8.    Bibliografía…………………………………………………………………….Pág. 18

1.    Introducción 

La violencia política debe atender al “[…] amplio conjunto de medios y estrategias disponibles para actores concretos y al ambiente o contexto cultural e institucional en el cual determinadas acciones son puestas en práctica.” (Mosteyrín, 2011:267)

Estos medios y estrategias componen, también, los repertorios de acción colectiva de Tilly, entendiendo por éstos el conjunto de medios que un grupo utiliza y posee para visibilizar sus demandas  sobre distintos  grupos o individuos. En este sentido, los repertorios cambian en función de la racionalidad estratégica y de la interacción con otros actores.

A continuación se explicaran los cambios en la represión, siguiendo con la importancia cultural en la legitimización de la violencia enlazado con los aspectos de ésta y sus vínculos con la temporalidad para terminar con dos casos  prácticos en los que se evidencian estas teorías.

2.    Evolución de la represión: métodos y cambios

Max Weber señala que el Estado es “[…] aquella organización que reclama con éxito el monopolio del uso de la fuerza legitima en un territorio.” (Palacios, 2011: 249)  y que, para asegurar el monopolio de dicha fuerza, utiliza una  serie de burocracias: los ejércitos, las fuerzas policiales, el sistema judicial y la infraestructura carcelaria, siendo, la especialización funcional de cada una de ellas, uno de los puntos determinantes en la formación del Estado moderno.

Cuando se habla de la formación histórica del Estado, Charles Tilly se distancia de la noción de “fuerza legitima” que propone Weber y se aproxima a la propuesta de Arthur Stinchcombe al legitimar la aceptación de un poder legitimado no tanto por parte de aquellos sobre los que se ejerce dicho poder sino sobre los otros detentadores de poder. Por tanto, Stinchcombe entiende el espacio social como un campo estructurado  por centros de poder, es decir, policías, tribunales, gobiernos y parlamentos que actúan con legitimidad al estar respaldados y aceptados por otros detentadores que además acatan y/o aplican las acciones, configurando así, un espacio institucionalizado. 

Una vez definido qué es un Estado, es necesario analizar qué es gobernar: “Gobernar implica estar en condiciones de disuadir o repeler los actos ilegales de los individuos y grupos que protestan, o que se movilizan agresivamente contra sus adversarios” (Palacios, 2011. 249). En este sentido, la necesidad y obligación intrínseca de recurrir a la coerción por parte del gobierno puede chocar con el valor y el significado que se le dé, por parte de la opinión pública, al acto represivo, concretamente, cuando éste no se ve proporcionado sino opresor, insensible a la voluntad ciudadana e incapaz de convencer a la población a partir de argumentos, en definitiva, cuando carece de democracia. 

Esta necesidad de equilibro entre protesta y represión, entra dentro del llamado dilema del orden público, según el cual, reprimir desordenes supone un coste y no hacerlo también, pues significa  dejadez del compromiso con la legalidad y protección de derechos de ciudadanos.  Dicho coste está condicionado por el lugar geográfico, la naturaleza del conflicto colectivo, el comportamiento y categoría social de las víctimas y de la incorporación de diferentes grupos sociales al estatuto de ciudadanía; y determinado  por la movilización de terceros actores relevantes. 

A lo largo de la historia se ha observado una continua adaptación de las medidas represivas a los estallidos de violencia social, para evitar el coste político. Así, en el siglo XVIII las monarquías europeas utilizaban el modelo de ejército permanente que se movilizaba para combatir los grandes disturbios como es el caso de los motines, mientras que las milicias lo eran para pequeños disturbios rurales o conflictos de mercado. Con la intención de asegurar la lealtad de las tropas hacia los gobernantes y su disposición a actuar violentamente contra los habitantes, se hizo necesario aplicar una serie de estrategias que separaban las fuerzas represivas del pueblo. Entre estas estrategias se encuentran las fuerzas militares compuestas por mercenarios extranjeros, de tal manera que se evitaba la confraternización al aumentar la relación xenófoba; un horario reglado; la uniformidad; la satisfacción de todas las necesidades dentro de los muros de los cuarteles; distancia social y moral. 

En el siglo XIX los soldados pasaron a especializarse en contextos de guerra, dejando de lado el mantenimiento del orden interno, de tal forma que, en el momento en el que aparecía una reclamación de derechos fuera de los canales de petición constituidos, el ejercito actuaba sobre los sujetos de tal acción  mediante el reglamento atramentario, sin que la letalidad de las intervenciones preocupase a los poderes públicos. A pesar de no estar codificado en los reglamentos militares y de utilizar el reglamento armamentístico, éstos hacían un uso no letal de mismo, cuyo conocimiento se transmitía por canales informales del oficio militar, con esto no quiere decirse que no existieran excesos represivos, pues, como se ha mencionado, no estaban reglamentados. 

Los primeros pasos hacia la pauta cultural de la proporción se dieron en Gran Bretaña con la aprobación de la Riot Act que ofrecía una garantía a la fuerza pública gracias a la técnica de la lectura de proclamación en voz alta para provocar la dispersión de la población activista y la carga contra los mismos si estos no obedecían. Dentro de este contexto, algunos ilustrados reformistas reflexionaron sobre los tumultos de la ciudad y creaban nuevas formas de intervención para contener y disolver a las multitudes de manera incruenta. 

Con la entrada de las democracias en las sociedades postrevolucionarias, en el contexto de un creciente Estado cuya soberanía popular y derechos ciudadanos se había fortalecido, se produjo un nuevo significado político a la acción de las multitudes ampliando el coste político represivo, sobre todo después de las cargas violentas contra una masiva movilización pacífica a favor del sufragio que deslegitimaron al gobierno y tuvieron un impacto en la legalidad del voto. A partir de este momento y por extensión, Europa fue cambiando  los métodos represivos  a otros menos cruentos, demostrando que gran parte de las victimas en conflictos pequeños  eran producto de pérdida de control de la policía o los soldados y que, las cargas a bastonazos con caballerías funcionaban  como método de dispersión si se mantenía una coreografía de acción. 

Con la entrada del movimiento obrero en el sistema político, aumentaron los costes políticos de represión, con los que se mejoraron las técnicas de disuasión.

3.    La dimensión cultural en la legitimidad de la violencia

Antes de hablar de Koopmans cabe destacar que se ha enfatizado la importancia del sistema político como elemento condicionante de la acción colectiva en el marco del proceso político respecto a la dimensión contextual de la acción. Por tanto, las oportunidades políticas, que son las dimensiones del sistema político que proporcionan  incentivos para la acción o disuaden de la misma, es decir, buscan vincular la política institucional a la acción colectiva, superó sus limitaciones empíricas con la noción de  “estructura del contexto” de Ruth en 1999 quién señala que  la noción de oportunidades políticas olvida que la acción no depende exclusivamente de las características del sistema político, es así como Ruth parte  de una idea tridimensional del contexto, más cercana a la realidad, pues aborda un entorno más amplio que el político-institucional. En dicha idea incluye los factores sociales, culturales y políticos que permiten  comprender el papel central de las actitudes, creencias y valores relevantes, entre otras y dentro de cada contexto. 

Koopmans enfatiza, por su parte, la dimensión cultural en lo que respecte a la intervención de ésta en el discurso público de la movilización. 

Centrando el análisis de las dos dimensiones expuestas, la de repertorio y la de contexto, dentro del modelo político, resultan tres aspectos problemáticos para pensar en las transformaciones contemporáneas de la legitimidad de la violencia como medio de acción política, es decir, para adoptar la perspectiva clásica de la acción colectiva.

El  primer aspecto es el marcado sesgo estatalista para comprender la relación entre las dinámicas globales y locales del conflicto tanto a nivel ideológico y cultural como estructural, introduciendo el concepto de “contexto global” en esa doble dimensión institucional y cultural como un contexto de oportunidades para modos específicos de política y reivindicación. En este aspecto son interesantes tres dimensiones: 

1)    Considerar el papel de los actores internacionales en la represión de la violencia.

2)    La adopción y el desarrollo generalizados, tanto en el nivel internacional como doméstico, de medidas judiciales y legislativas para facilitar la represión de la violencia.

3)    El proceso de emergencia y la difusión de ideas y discursos sobre el uso de la misma. 

El segundo aspecto tiene que ver con los aspectos culturales e ideológicos de la acción o contexto en el que se entiende la acción por actores y audiencias, ya que el enfoque de marcos para la acción colectiva se limita al considerar la dimensión cultural de la acción como algo manipulable por la acción social. En este sentido hay que entender que un marco es un mapa cognitivo que permite a los actores compartir un diagnostico y un pronóstico común, para ser efectivos tanto el uno como el otro es necesario que éstos lleguen a la audiencia pero en esa conexión armonía entre el marco expresado y la audiencia, juegan un papel importante el resto de factores contextuales del movimiento. Conocer este universo simbólico en el que marcos concretos tienen sentido y la acción es comprendida permite entender y analizar como un espacio en el que dichas acciones son evaluadas por la audiencia como legitimas, efectivas, innovadoras, transgresoras o inaceptables. 

El último aspecto tiene que ver con la necesidad de establecer un punto de vista histórico, considerando el contexto como contingente, sujeto al cambio y, por tanto, como variable con posibilidad de afectar a los repertorios de acción.

4.    Aspectos de la violencia y vínculos con la temporalidad

En este apartado englobamos  el método narrativo empleado por Sewell y el análisis de Tilly como complementarios para comprender las trayectorias de la violencia en el espacio y el tiempo. 

Tilly apela a las propiedades culturales del concepto de repertorio explicado anteriormente, Montseyrín explica que Tilly se basa en un concepto de repertorio con una naturaleza más aprendida y simbólica que racional (Montseyrín, 2011). En su análisis el cuerpo de evidencia empírica proviene de un catalogo de episodios extraídos de la prensa y archivos históricos durante 13 años con 8.000 reuniones en grupo. 

Según Montseyrín, Tilly señala que hay determinados episodios que adquieren una significación especial, por lo que tienen que ser analizados profundamente. (Montseyrín, 2011), ya que se asume que los episodios más pequeños se inscriben en un proceso más amplio, motivo por el cual son desmenuzados para generar series temporales y espaciales de manera que se cuantifica y comparan los cambios de “largo recorrido". 

La propuesta de Tilly es que la variable independiente que explica los cambios en los repertorios, lo hace de forma gradual en un breve periodo, debido a grandes procesos de urbanización e institución política, a la expansión del capitalismo, al gasto bélico, etc. De esta manera el repertorio progresa hacia una disminución de la violencia, un aumento de su aspecto público y enfocado al ámbito nacional e institucional. De este punto surgen tres cuestiones (Montseyrín, 2011)

1)    Tilly desarrolla la idea de repertorio como socio-cultural que implica aprendizaje y modos de acción de tradición histórica de acuerdo a cada país con la idea de superar las críticas recibidas. No obstante, cuando se aplica de forma empírica la idea de repertorio, la elaboración de catálogos se reduce a una cuantificación del mismo, es decir, a pesar de su complejidad, el modelo de Tilly deja en un plano secundario el significado o narrativa de los actores.

2)    Las fuentes a partir de las que recoge la evidencia empírica no son neutrales frente al contexto a pesar de tratarse de archivos oficiales, prensa etc. todas ellas se formaron bajo condiciones históricas y culturales determinadas en discursos dominantes de política.

3)    Los cambios estructurales y de larga duración son rígidos en su temporalidad, dificultando la creatividad  de los actores para redefinir episodios concretos. 

A pesar de las tres cuestiones expuestas, el análisis de los episodios permite entender los procesos de conflicto al establecer dinámicas estructurales de largo recorrido. Así como, situar la violencia en el terreno de la estrategia política dentro del enfoque del proceso político.

Por otra parte, “Sewell teoriza los <<acontecimientos>> (eventos) como <<acontecimientos trasformadores de estructuras>> cuándo es en algún sentido reseñable”. (Montseyrín, 2011:275) esta redefinición afecta a dos procesos centrales: la emergencia de una lenguaje concreto vinculado con las nociones de soberanía popular, voluntad popular, etc; y al recurso a formas especificas de violencia. Ambos procesos coinciden en el momento en que las masas sociales se apoyan en teorías políticas de soberanía para justificar su acción y lo que en principio es defensivo se convierte en un acto de voluntad popular, es decir, una revolución. 

Para Sewell, la alteración de las prácticas y relaciones de poder institucional y militar son las causas de la transformación social y política. Resalta, además, ciertas cuestiones en las implicaciones teóricas de la narración de acontecimientos: Los acontecimientos teóricos articulan las estructuras; son significativos porque introducen nuevos significados; están perfilados por condiciones particulares; son momentos de aumento exacerbado de emociones y creatividad colectiva; están llenos de rituales y generan otros acontecimientos. 

 Dos aspectos de la teoría de los acontecimientos de Sewell interesantes: 1) un acontecimiento se vuelve fundador de cambio social si lo sanciona algún tipo de autoridad; 2) no se puede explicar todo de un evento. 

La diferencia entre Tilly y Sewell  es que el primero apela a cambios estructurales de larga duración para explicar los cambios en los repertorios y estilos de la protesta violenta, mientras que el segundo lo hace en los cambios culturales sobre el concepto de violencia.

5.    Un ejemplo de acontecimiento transformador (Sewell)

Un ejemplo de evento transformador son los episodios del 11S de 2001, ya que, como señala Sewell, estos episodios crearon un lenguaje concreto catalogado por el presidente Bush como “operaciones contingentes en el extranjero”, es decir, se sustituyó el concepto “guerra contra el terror” lo que muestra un cambio en los objetivos de la violencia y en el modo que se habla de ella. Es decir, el discurso empaña la esfera pública generando amenazas y respuestas.

La violencia, por tanto, está sujeta a narrativas y discursos en un momento histórico, como señala Koopmans y no se trata de una confrontación entre los países occidentales sino que se trata de cambios en los umbrales de tolerancia publica de distintas formas de violencia, como señalo Sewell,  que se pueden entender como parte de un proceso amplio de cambio cultural e ideológico de contexto global.  Con esto último se refiere a que son numerosos los casos de prensa internacional que hablan de la necesidad de la seguridad, prevención y lucha contra el terrorismo, de manera que reflejan los parámetros en los que se entiende la violencia  y una contradicción entre los derechos civiles y las libertades públicas por la necesidad de seguridad y el uso de la fuerza en el marco de la legalidad internacional. Asimismo, las movilizaciones ciudadanas contra cualquier tipo de violencia han aumentado a nivel global. Por tanto, y en concordancia con Sewell, la forma en la que se habla de violencia en los medios de comunicación de masas, cada vez más internacionales, es importante a la hora de trastocar los imaginaros de la población sobre lo que se puede y no se puede hacer. 

Volviendo al terrorismo, a nivel internacional se han llevado a cabo medidas contra el mismo en un debate público, este debate librado respalda a EEUU tras el ataque terrorista  y difundiendo el mensaje de “tolerancia 0 ante la violencia” y una continua cooperación entre los Estados miembros con tal de impedir futuros casos de terrorismo, se han dado cambios profundos tanto geopolíticos  como estructurales y culturales, a través de una secuencia de acontecimientos como plantea Sewell. 

No obstante, como se ha mencionado, el análisis de Tilly y de Sewell no son divergentes sino complementarios, es por este motivo que algunas trayectorias de las transformaciones del contexto internacional del 11S responden al concepto de Tilly, mientras que se profundiza  en el análisis de secuencias de acontecimientos que son transformadores (Sewell), con la idea de entender la importancia de las transformaciones estructurales y culturales.

6.    Dilema del Orden Público en el caso de Tombogrande. 

El suceso ocurre al descubrir los yacimientos polimetálicos y preparar  las bases legales para la exploración y explotación de Tombogrande entre la Dirección General de Minería y la empresa francesa BRGM. Esto genera una serie de sentimientos y preocupaciones en la población del distrito respecto al desarrollo de la mina. No obstante, fue en 1999 cuando el Estado otorgó la concesión  de los yacimientos de Tombogrande a Manhattan Minerals Corporation de origen canadiense. 

La empresa propuso un proyecto de explotación de minerales mediante excavaciones abiertas con un hoyo de gran profundidad y localizado en el pueblo, es decir, el proyecto suponía una reubicación de todos los habitantes.

La empresa decidió empezar sus exploraciones en las comunidades campesinas del distrito por la posible ventaja que podría ofrecerles la situación material de pobreza de éstos (menor resistencia al proyecto) al mostrarles todas los oportunidades de desarrollo económico y social que podría traer la implantación de la misma. No obstante, las comunidades campesinas compartían la misma subcultura y estaban organizadas, por lo que, la entrada del convenio supuso un conflicto social al verse como una decisión unilateral de la empresa, con la intención escondida de dividir a la comunidad aprovechándose de la  necesidad de los pobladores de la zona. 

El elemento catalizador del conflicto ocurre el 22 de noviembre de ese mismo año, cuando la empresa empieza sus explotaciones en la zona urbana de Tombogrande con una autorización de la municipalidad distrital pero sin apoyo social, lo cual generó frustración y desesperación que se reflejaron en actos violentos. 

Ante los conflictos, el alcalde junto con las diversas organizaciones se reunió con la empresa para solucionar los problemas existentes y poder continuar con la exploración. Pero los representantes de la empresa y el alcalde, a pesar de aceptar un diálogo, no informaron a la población de los riesgos ni de la seguridad de los habitantes ante los cambios que se iban a dar. Incluso un día antes de la asamblea, el alcalde ya había firmado la resolución municipal que autorizaba el inicio de los estudios de exploración, por lo que, al materializarse la autorización en acción, los pobladores y representantes de las organizaciones se sintieron traicionados, engañados y absortos ente la situación. Es en este momento a partir del cual se produce no solo un dilema del orden público, sino la caída de la legitimidad del poder político imperante. Esta situación provoca que ese mismo día algunos pobladores exaltados destruyesen maquinaria y equipos de la empresa dejando juicios abiertos por ésta. 

Este estallido es causa de la consiguiente visita del funcionario del gobierno a la comunidad, con la necesidad de calmar el conflicto social de manera que no suponga ningún tipo de coste al Estado en relación al dilema de orden político. 

Al quedar el poder político dominante deslegitimizado, la soberanía popular recae en el Frente de Defensa de Tombogrande, con la solidaridad y participación de otras organizaciones, en este caso ONGs que se suman al Frente como ayudantes, así se constituyen las primeras alianzas de poder con una fuerte oportunidad política, al convertirse en líder del movimiento social y representante del distrito, podría hablarse de un Estado paralelo. Así se formó la mesa Técnica que brindó y canalizó la asistencia legal, estratégica y de comunicaciones al Frente de Defensa de Tombogrande y, gracias a esta red de alianzas regionales, nacionales e internaciones hizo posible que el caso llegara a la opinión pública nacional e internacional, volviéndose global, coincidiendo con la teoría de Koopmans  en lo que se refiere al concepto de “contexto global” en esa doble dimensión institucional y cultural como un contexto de oportunidades para modos específicos de política y reivindicación. 

El repertorio de acción que utilizaron para llamar la atención fueron los parones y marchas de sacrificio con la intención de obtener mayor información, estas protestas no violentas se tornaron más duras, incluso llegando a enfrentamientos entre los agricultores y la policía  (burocracia del Estado para defender los intereses de la empresa en su obligación de reprimir la protesta) al verse frustradas las conversaciones con la empresa, al reafirmar el engaño que realizaba la empresa al ofrecer información incompleta y al romperse el convenio entre la empresa y  los pobladores de la comunidad del margen izquierdo. 

Esta situación de violencia entra en choque con la concepción de violencia permitida a nivel internacional y se ve como un gesto exagerado por parte de la población a la situación que estaba dándose, lo que provoca una ruptura con muchas de las ONGs que estaban apoyando la causa. Este hecho provoca un giro en el repertorio de acción, necesario por el factor cultural como explica Sewell. Así es como se forma una consulta vecinal de la que nace el diseño de una campaña para despertar la solidaridad entre la opinión pública de Lima y el extranjero. Se utilizó, asimismo, la tecnología, en este caso el Internet, para difundir y globalizar el problema.

Dado que el movimiento había realizado acciones dentro del repertorio cultural válido socialmente al entrar dentro de baremo de violencia legítima o, dentro del equilibrio de respuesta permisible culturalmente, el ministro peruano confirmó que la mina canadiense Manhattan había quedado descalificada.

7.    Conclusiones

Los dos ejemplos propuestos pueden ser analizados a partir de las teorías y conceptos expuestos. 

Por una parte, entender que la formación del Estado expuesta por Tilly y Stinchcombe como legitimización por parte de los detentadores del poder y como espacio estructurado por centros de poder, es decir, policías, tribunales, gobiernos y parlamentos que lo respaldan, como ocurre con los Estados actuales y con las organizaciones, véase el ejemplo de Tombogrande al valorarse el Frente de Defesa de Tombogrande como una fuerza legitima.  

El Gobierno tiene la necesidad y obligación intrínseca de recurrir a la coerción pero puede chocar con el valor y el significado que se le dé, por parte de la opinión pública, al acto represivo, concretamente, cuando éste no se ve proporcionado sino incapaz de convencer a la población a partir de argumentos, en definitiva, cuando carece de democracia, como ocurrió en el caso de Tombogrande. 

Por otra parte, respecto a la movilización social, Koopmans enfatiza, por su parte, la dimensión cultural en lo que respecte a la intervención de ésta en el discurso público de la movilización, como ocurre en ambos casos descritos.

Sewell y Tilly también abarcan el análisis de la violencia y su legitimidad, destacando Sewell en la capacidad de un acontecimiento para volverse fundador de cambio social  si lo sanciona algún tipo de autoridad y la capacidad realista del estudio al evidenciar que no se puede explicar todo de un evento.

La diferencia entre Tilly y Sewell  es que el primero apela a cambios estructurales de larga duración para explicar los cambios en los repertorios y estilos de la protesta violenta, mientras que el segundo lo hace en los cambios culturales sobre el concepto de violencia, siendo ambos conceptos complementarios y necesarios para el estudio más longitudinal y, en el caso de acontecimientos transformadores, analizarlos más profundamente mediante la teoría de Sewell.

El ejercicio de la violencia tanto por medio de la protesta como en forma de represión por parte del gobierno, se encuentra condicionada por un coste-beneficio producto de las concepciones culturales tanto domésticas como globales resultado de experiencias pasadas y del desarrollo histórico que influyen en el apoyo social y de las elites políticas simpatizantes con el poder insurgente.

8.    Bibliografía.

-       Palacios Cereales, Diego (2011). “Sin efusión de sangre. Protesta, policía  y costes de la represión”. En Funes, M.J. (Ed.) A propósito de Tilly: conflicto, poder y acción colectiva. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Págs.: 247-257.

-       Fernanadez Mosteyrín, L. (2011) “Sobre la capacidad transformadora de los acontecimientos: tranformaciones en la legitimidad de la violencia política en el contexto de la Guerra contra el Terror”. En Funes, M.J. (Ed.). A propósito de Tilly: conflicto, poder y acción colectiva. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Págs.: 265 – 285.

-       Peredes, Maritza (2008). “El caso de Tombogrande” en Scurrah, Martin, Defendiendo derechos y promoviendo cambios. El estado, las empresas extractivas y las comunidades locales en Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanaos y OXFAM América. Págs.: 269-300.