En octubre de 1929, menos de un millón de personas se hallaban en el paro. En diciembre de 1931, eran más de 10 millones de americanos. Seis meses más tarde, se elevaba a 13 millones. La situación se convirtió en crítica cuando en marzo de 1933, la cifra se elevó hasta los 15 millones de personas.
Un creciente número de economistas culpó a la revolución tecnológica de los años 20 de ser la causante de la depresión que llevó a un incremento de productividad y de fabricación de productos más rápido que la demanda de bienes y servicios que se generaba. Hace más de medio siglo Frederich Engels escribió: “La perfección cada vez más creciente de la maquinaria moderna está… convirtiéndose en una ley obligatoria que fuerza a los capitalistas industriales individuales a mejorar de forma permanente sus máquinas, siempre con la finalidad de incrementar su capacidad productiva… [pero] la amplitud de los mercado no puede seguir el ritmo de esta ampliación de la producción. La colisión se hace inevitable”.
La visión de Engels, considerada excesivamente pesimista e incluso mal enfocada, era retomada ahora por los economistas convencionales y hasta por los ingenieros.
Si bien a lo largo de los años 20 la clase trabajadora había argumentado reiteradamente que los incrementos en productividad debían ser compartidos con ellos en forma de reducción en las horas laborales, el argumento fundamental para una semana laboral más corta se concentraba más en los beneficios psicológicos y sociales del tiempo libre que en los beneficios económicos, es decir, en trabajar para vivir y no en vivir para trabajar.
Para 1932, las centrales sindicales y sus líderes ya habían trasladado el argumento de reducir horas del terreno de la preocupación por la mejora en la calidad de vida al ámbito de la justicia económica. El desempleo tecnológico se veía como “Un resultado natural de los incrementos en eficacia y en excedentes económicos, así como de la limitación de los mercados”. Argumentaban que si la nación quería evitar la expansión de esta situación y el permanente desempleo, era necesario que la comunidad empresarial compartiera sus ganancias en productividad con sus trabajadores en forma de reducción en las horas de trabajo siempre manteniendo el mismo sueldo como mínimo.
Bertrand Rusell, el gran matemático y filósofo inglés, comentaba al respecto: “No debería existir la posibilidad de ocho horas al día para algunos y cero horas para otros, sino que deberían ser cuatro horas al día para todos”.
El 20 de julio de 1932, el AFL Executive Council, reunido en Atlantic City, redactó un comunicado sugiriendo al presidente Hoover la convocatoria de una conferencia entre líderes empresariales y sindicales con el propósito de poner en marcha la semana de 34 horas para “crear oportunidades de trabajo para millones de hombres y mujeres desempleados” después de varias movilizaciones sociales que ponían en peligro el orden actual, sobre todo si seguían aumentado las filas de desempleados descontentos en las organizaciones de izquierdas. Grandes empresarios como, por ejemplo, Kellogg’s de Battle Creek, Sears, Roebuck, Standard Oil de Nueva Jersey y Hudson Motors recortaron sus semanas laborales hasta dejarlas en treinta horas para mantener a la gente empleada.
La dirección de kellogg’s, en empresa, produjo informes en los que se demostraba que la reducción en las horas de trabajo mejoraba el entusiasmo y la eficacia en el mismo. En 1935, la empresa publicó un detallado estudio en el que se mostraba que después de “cinco años trabajando seis horas al día, los costes unitarios estructurales [o generales] se habían reducido en un 25%... los costes de mano de obra se habían reducido en un 10%... los accidentes laborales habían disminuido en un 41%... [y] el número de personas trabajando en kellogg’s se había incrementado en un 30% respecto al 1929. Los costes unitarios de producción habían disminuido tan considerablemente que podemos incluso pagar por seis horas como si realmente fuesen ocho las trabajadas.
La filosofía de Kellogg se extendió rápidamente más allá de las nociones inicialmente existentes en materia de mejoras en la eficacia en el trabajo y en la reducción del desempleo. Aparecen innovaciones para mejorar la ética del ocio, la construcciones de gimnasios, salas de recreo, pistas de atletismo al aire libre, de atracciones, jardines para empleados, infraestructuras para el cuidado, centros naturales… Todo ello no por el bien por sí mismo del trabajador, sino por el aumento de la productividad que generaban estas estrategias.
El 31 de diciembre de 1932, el senador Hugo L.Black del estado de Alabama introdujo una enmienda en el Senado en los Estados Unidos, en la que solicitó una semana laboral de treinta horas como “única forma práctica y factible para tratar el desempleo”.
El Senado aceptó la enmienda de Black el día 6 de abril de 1933, con 53 votos a favor frente a 30 en contra, con lo que obligaba a toda empresa con negocios interestatales y con el extranjero, a una semana de 34 horas.
El Presidente Roosevelt, presionado por los principales líderes empresariales del país, se movilizó rápidamente para bloquear el trámite parlamentario. Mientras la administración reconoció que una reducción en el número de horas trabajadas generaría puestos de trabajo a corto plazo y dispararía el poder adquisitivo, a Roosevelt le preocupaba que tuviera un impacto negativo a largo plazo, de que frenará el crecimiento y ello hiciera que Norteamérica perdiese su capacidad para competir en ultramar. Así, Roosevelt convenció al House Rules Committe de bloquear la enmienda de Black-Connery, y la devolvió al National Industrial Recovery Act (NIRA) que se mantuvo en la necesidad de alargar la semana laboral para cierto tipo de industrias. El NIRA garantiza el derecho de los trabajadores a organizarse y negociar con las direcciones de las empresas, una demanda que los sindicatos habían buscado desde hacía tiempo en la legislación federal. Roosevelt, manifestó posteriormente su arrepentimiento por no haber estado detrás de la Black-Connery Thirty Hour WeeK Bill y no haberla apoyado en el Congreso.
Con la cruzada del “Evangelio del consumo” detenida a causa del fracaso del crédito al consumidor y el movimiento del “reparto del trabajo” bloqueado por la falta de acción del Congreso, el país finalmente aceptó la necesidad de que fuese el gobierno federal quien actuase para recuperar la decreciente economía.
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