la fuerza de trabajo ocupada en el estado español está integrada por aproximadamente 19,9 millones de trabajadores (según datos del tercer trimestre de 2019) y produce una plusvalía mayoritariamente del sector servicios de un 76 %, seguido de la industria en un 14 %, la construcción en un 6% y la de la agricultura en un 4 %.
A pesar del avance tecnológico, fuertemente basado en la digitalización y la robotización, la fuerza de trabajo de la clase trabajadora continúa constituyendo una parte significativa.
El 85 % de la población ocupada trabaja por cuenta ajena (asalariados). La precariedad laboral se vio agravada con la crisis capitalista de 2008 y se traduce en una elevada tasa de temporalidad (27%) y parcialidad mayoritariamente forzosa (15%). Así, más del 90% de los nuevos contratos son temporales y cerca del 36 % son a tiempo parcial. No obstante, en un sistema que lo único fijo es la necesidad de incrementar las ganancias de la oligarquía, la contratación indefinida no es sinónimo de un trabajo fijo sino todo lo contrario, existe una rotación laboral.
En un contexto de baja sindicalización, debilidad y fragmentación del sindicalismo de clase, junto con el papel de agentes del pacto social asumido por Comisiones obreras y UGT, la clase trabajadora se sitúa en una clave de derrota que la deja indefensa frente al abuso patronal.
Una de esas lacras es la prolongación no retribuida de la jornada laboral (horas extra no pagadas) qué suponen aproximadamente 150 millones cada año, y según datos del propio INE, se calcula en más de 200000000 las horas de ocupación no registradas legalmente cada año, lo que supone un robo a la clase obrera superior a 40.000 millones de euros al año.
Como hemos dicho anteriormente, más allá de la eficiencia tecnológica, el incremento de la productividad del capitalismo español se basa en buena parte en ese robo de horas trabajadas que no se pagan. Además, cuentan con un numeroso ejército industrial de reserva producto de un paro que se resiste a bajar de los 3 millones que significa una tasa de desempleo del 13,9% y se eleva hasta el 35% en jóvenes menores de 25 años, y el 22% en inmigrantes extracomunitarios. La tasa de cobertura del desempleo no supera el 65% (la cobertura baja aproximadamente a la mitad para los obreros extranjeros). Por tanto, y como resultado, más de 1,4 millones de hogares tienen a todos sus miembros activos en paro, y más de 560.000 no tienen ingresos ni subsidios.
La brecha de género salarial se mantiene estanca entorno al 25% e incrementa los beneficios patronales en más de 41.000 millones de euros al año. También se hace notar en las pensiones contributivas, situándose en un 35% con un robo adicional a la clase obrera de aproximadamente 30.000 millones de euros al año. En conjunto, el 59% de los pensionistas percibe menos de 1.000 euros al mes.
Los accidentes de trabajo se han incrementado en un 12,8% de manera generalizada y constante entre los años 2012 y 2018 en términos relativos, es decir, en base a los índices de incidencia (número de accidentes laborales por cada 100.000 trabajadores con alta en la Seguridad Social). En la asistencia a domicilio ese incremento en la siniestralidad asciende al 88,9% y en las empresas de trabajo temporal al 78,8%, en los contratos indefinidos un 6,4% (6,2% en los de tiempo completo frente a 12,3% a los de tiempo parcial), en incremento ha sido del 28,1% para el conjunto de los contratos temporales.
Hay que tener en cuenta que la clase trabajadora inmigrante tiene un incremento de la siniestralidad duplicado o incluso triplicado según las nacionalidades.
Según datos del segundo trimestre de 2019, el coste para las empresas de la incapacidad laboral transitoria de sus trabajadores supone un ridículo 0,6% del coste laboral total, pero es utilizado por las empresas para justificar despidos por "causas objetivas" atentando contra la salud y seguridad de los trabajadores que acude a su puesto estando enfermos por temor a ser despedidos. De hecho, en 2017 se produjeron 10140 casos de enfermedad laboral con baja. Es más, estudios de salud pública calculan en 16000 las muertes anuales derivadas de enfermedades contraídas en el puesto de trabajo.
En definitiva, la oligarquía económica, con fuerza en su sistema (el capitalista) obtiene plusvalía del trabajador a pesar de los avances tecnológicos, precarizando y desvalorizado la fuerza de trabajo y empujando a la clase mayoritaria hacia el paro, la miseria y situaciones de sobrevivencia, obteniendo este beneficio de desigualdades en el salario (brecha salarial, población inmigrante, ejército de reserva), en las horas extra no pagadas, en el trabajo no remunerado y en las pensiones (entre otras no nombradas).
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